Guatemala: el Congreso archiva la polémica ley que prohibía el matrimonio homosexual y elevaba las penas por aborto

El Congreso de Guatemala votó a favor de archivar la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual.

Con 119 votos a favor, los diputados del Congreso guatemalteco archivaron la polémica legislación, que también prohibía la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.

El presidente Alejandro Giammattei había advertido que vetaría la normativa, dada la fuerte reacción social en contra que generó.

Según informa el diario Prensa Libre, el pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, "al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala".

Una gran mayoría de los miembros (102) del partido del mandatario, el grupo conservador Vamos, votaron a favor de la norma la semana pasada.

Según la ley ahora archivada, las mujeres que "se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo" enfrentaban un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.

También estipulaba la reforma del Código Civil de Guatemala para "prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo".

Además, prohibía a las escuelas enseñar a los alumnos "cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal".

"Retroceso"

La medida legislativa fue presentada por primera vez en abril de 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan "provida", un concepto que causa controversia en una sociedad especialmente dividida por el tema de la interrupción del embarazo.

Una de las legisladoras que apoyó el proyecto de ley, Patricia Sandoval, dijo que "bajo el concepto de familia entendemos la unión entre un hombre y una mujer".

El defensor de los derechos humanos, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de "retroceso para la libertad".

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