Arturo Murillo: "caso gases lacrimógenos", el escándalo de corrupción por el que arrestaron en EE.UU. al exministro boliviano

El exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en EE.UU. acusados de corrupción y lavado de dinero, informó este miércoles el Departamento de Justicia de ese país.

Murillo, de 57 años, y Méndez, de 51, fueron arrestados los pasados 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia por el que se conoce como el "caso gases lacrimógenos" o simplemente "caso gases".

Ambos se desempeñaron entre 2019 y 2020 como funcionarios durante el gobierno de Jeanine Áñez, quien está en prisión en Bolivia acusada de liderar un golpe de Estado con el apoyo de la policía y el ejército.

Además, las autoridades policiales apresaron a los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años, Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48.

Estos últimos están acusados de pagar US$602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro funcionario del gobierno boliviano que no fue identificado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que los funcionarios bolivianos aceptaron sobornos de los empresarios estadounidenses, quienes ganaron contratos por aproximadamente US$5,6 millones para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al gobierno boliviano.

Los empresarios son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor, señala el informe del Departamento de Justicia de EE.UU.

Para promover el esquema de sobornos, que ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020, los ciudadanos estadounidenses lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia.

También los tres estadounidenses organizaron el pago de US$582.000 en efectivo para Murillo y Méndez, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Si son declarados culpables, estas cinco personas se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.

Mientras tanto, el gobierno boliviano anunció el miércoles que pedirá a Estados Unidos la extradición de Murillo y de su exjefe de gabinete.

"Queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas", expresó en una rueda de prensa este miércoles el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

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