Perú: problemas en el paraíso

En la comunidad Yagua de Santa Úrsula, a orillas del río Orosa, viven unas 150 personas. Son dueñas de la tierra en la que viven: más de 5.000 hectáreas. Pero son dueñas de papel.

Al igual que la mayoría de las comunidades nativas en Perú con títulos de propiedad, no conocen las dimensiones exactas de su predio, no pueden usar sus recursos naturales, sus límites territoriales están rodeados de concesiones a empresas comerciales, y todos comparten una condición: la pobreza extrema.

Don Artemio Aspajo, el Apu o jefe de la comunidad, cuenta que en su río ya no hay peces, en su tierra ya no hay animales y que, además, se están quedando sin árboles.

Durante la visita de BBC Mundo a Santa Úrsula, a unas cuatro horas de la ciudad de Iquitos, don Artemio acusó a los madereros y pescadores profesionales de estar llevándose todo.

"Y no podemos hacer nada. No hay a dónde quejarse", le dijo a BBC Mundo, y agregó: "las autoridades no nos tienen en cuenta porque somos indígenas; no nos hacen caso cuando protestamos. Los madereros tienen papeles, son amigos de los policías y nos mienten o nos amenazan".

El poder del papel

Los títulos de propiedad y el acceso a los recursos naturales de la Amazonía son dos temas que están en el centro de la disputa que mantienen las comunidades nativas con el gobierno peruano.

Esta tensión, agravada por unos cuestionados Decretos Ley, llevó a un enfrentamiento el 5 de junio de 2009 que terminó con 34 personas muertas, la mayoría policías.

Hablando con BBC Mundo, el economista Hernando de Soto describió los títulos de los nativos, otorgados por el Estado peruano, como mal definidos.

"Todos tienen distintas maneras de medir las cosas; los catastros, las coordenadas, los sistemas de mapeo ni siquiera pueden conversar entre sí. En términos legales, es la anarquía", aseveró de Soto.

Ya en Lima, Mayta Capac Alatrista, presidente ejecutivo del Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano), reconoció en conversación con la BBC que "en esos títulos no se usó la georeferenciación y eso nos ha llevado a malinterpretar los linderos de una comunidad".

Pero admitió que por ahora no hay planes para modificar esos mapas.

Amazonía en venta

Y quizás el problema no tendría mayor urgencia si no fuera porque en los últimos años el gobierno peruano le ha otorgado concesiones de millones de hectáreas de la Amazonía a empresas madereras y de hidrocarburos.

En contraste con el caso de los indígenas, los títulos de las empresas sí están perfectamente delimitados.

Esta situación está generando más de una disputa, porque en algunos casos se cruzan propiedades y en otros las concesiones comerciales se dieron sobre territorios que tradicionalmente han formado parte del espacio vital de las comunidades, que si bien no eran de su propiedad, son los lugares a los que podían ir para cazar o pescar.

Pero un dato más difícil de entender proviene de la misma legislación.

A pesar de ser dueños de la tierra donde viven, los nativos amazónicos que han sido titulados no son dueños de los recursos naturales. No pueden usar su madera, por ejemplo, sin un permiso forestal.

Burocracia selvática

El permiso puede llegar a costar más de US$10.000. Junto al permiso, está el inventario de árboles existentes, que hace un profesional, y el desarrollo de un plan de gestión forestal.

Según las autoridades, esto fue diseñado así para proteger a las mismas comunidades y evitar la sobreexplotación de los recursos.

Pero la realidad, según José Álvarez, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, es que "de las más de 500 comunidades indígenas tituladas, sólo 45 obtuvieron un permiso forestal en los últimos 4 ó 5 años. La totalidad la obtuvieron apoyados por ONGs o por madereros que los explotan, y terminan saqueando su bosque y dejándoles las deudas con el Estado por pago de derechos".

Ante este panorama, el jefe máximo de Indepa comentó que "están viendo cómo bajar el nivel de exigencia y hacerlo más manejable. De repente se necesitan más asesorías en esa área", dijo, pero sí reconoció que "es algo pendiente por hacer".

Según Hernando de Soto, "lo que les falta es un régimen de derecho que los proteja y no sólo eso, sino que les permita utilizar en beneficio propio la riqueza natural que tiene la selva".

Un aspecto básico, le dijo a la BBC, es que "hay que darles derechos de propiedad que no tengan nada que envidiarle a un derecho que tiene un sueco en Estocolmo".