Pedro Castillo: la Fiscalía de Perú presenta una denuncia constitucional contra el presidente y lo acusa de liderar una organización criminal
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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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La Fiscalía de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.
"Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal", anunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una comparecencia en Lima.
El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes.
La denuncia, que también cobija a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, "se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales", indicó la Fiscalía en Twitter.
En una primera reacción en un acto con público en el Palacio de Gobierno, Castillo dijo que está dispuesto a "entregar la vida" y a que su "sangre corra por la calle en beneficio del pueblo", informa desde Lima Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Perú.
Posteriormente, en una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Castillo denunció que estamos ante "una nueva modalidad de golpe de Estado".
Actualmente Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones fiscales, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones de obras públicas de forma fraudulenta.
Un proceso a prueba de inmunidad
En Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.
De ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios del estado y aforados (como el presidente de la República y congresistas).
La denuncia constitucional permite determinar si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción, según explicó la Fiscalía, mientras el gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.
Una vez formulada la acusación por esta vía, lo analiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que abrirá una investigación y elaborará un informe y luego se convocará al acusado a que presente su defensa ante el Congreso, en este caso el presidente Castillo, al denunciante, la Fiscalía y también peritos y testigos.
Se emite un informe que será sometido a votación y para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas.
De resultar aprobado en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Según expertos, es la primera vez que la figura de la demanda constitucional se utiliza en el país.
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Arrestos y allanamientos
La denuncia constitucional al presidente peruano llega horas después de que la Fiscalía arrestara de forma preliminar a un empresario cercano al mandatario y cuatro de sus exasesores por su supuesta involucración en el caso.
Además, el Ministerio Público, con el apoyo de un grupo especial de la policía, allanó la vivienda de una hermana de Castillo y las oficinas y residencias de seis parlamentarios del partido centrista Acción Popular (AP).
Así mostró su indignación el propio Castillo en Twitter:
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Apodados "Los Niños" por medios locales y la oposición, estos congresistas han sido señalados por supuestamente organizar actividades ilícitas con el presidente a cambio de respaldar al gobierno con sus votos.
Un paso más contra un presidente acorralado
Por Guillermo D. Olmo, corresponsal en Lima
La decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de acusar formalmente al presidente Pedro Castillo supone un paso más en un cerco judicial por presuntas prácticas corruptas que amenaza su permanencia en el cargo para el que fue elegido hace poco más de un año.
El mandatario ya ha sobrevivido a dos intentos de vacancia y sus rivales en el Congreso se encuentran con una nueva oportunidad de librarse de un gobernante que no se parece a ninguno de los anteriores y al que nunca han tolerado.
Acosado por los expedientes judiciales, Castillo reitera su voluntad de resistir, lo mismo que ha hecho desde que llegó a la presidencia.
Resulta difícil pronosticar si este nuevo intento tendrá un desenlace diferente, pero a estas alturas ha quedado claro que, tanto como ante una batalla judicial, estamos ante una por el poder.
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