De corrupción a homicidio culposo: las acusaciones contra los congresistas que definen el destino de Dilma Rousseff en Brasil

En el Congreso de Brasil que se apresta a definir si la presidenta Dilma Rousseff debe ser destituida, buena parte de los 594 miembros registran cargos y condenas contra ellos mismos en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura.

Esas manchas alcanzan a 59% de los congresistas, según datos de la ONG anticorrupción Transparencia Brasil proporcionados a BBC Mundo, y han dado sorpresas a la hora de definir quién debe ser el primer diputado que diga sí o no al juicio político a Rousseff.

La crucial votación del domingo en la que se autorizó el juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff comenzó por los estados del sur del país.

Por en ese orden, el primero en la lista sería el diputado Afonso Hamm, investigado por presunto involucramiento en el colosal escándalo de corrupción en Petrobras que estremece a Brasil.

Hamm, que apoya el juicio político contra Rousseff, fue acusado por un delator clave del caso de ser uno de los diputados que recibía sobornos, algo que él niega y que la justicia intenta comprobar.

Pero el presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció el jueves un cambio en la forma de votación, alternando entre representantes de norte y sur.

Y apareció otra novedad.

Ahora encabeza la lista el diputado Abel Mesquita Jr., apodado "Abel Galinha" por ser éste el nombre de una red de gasolineras que le pertenece en el estado norteño de Roraima.

Un reportaje de la TV Globo indicó el año pasado que, siendo concejal de su ciudad, Mesquita autorizó compras de combustible por unos US$23.000 en sus propias gasolineras: "¿Y a quién iba a comprar?", preguntó.

Sin embargo, Mesquita no parece tener cuentas pendientes con la justicia, una diferencia con Hamm y la mayoría de sus colegas congresistas que ahora se erigen en árbitros de la enorme crisis política y el destino de Rousseff.

"Es la paradoja: un presidente está siendo impugnado, pero sus jueces son simultáneamente reos en múltiples procesos", dice Marcus Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Pernambuco.

Con techo de cristal

Rousseff no está acusada en el Congreso de corrupción sino de maquillar el déficit presupuestal, usando fondos de bancos públicos para cubrir programas de gobierno, lo que violaría una ley de responsabilidad fiscal.

La presidenta rechaza eso, afirma que gobiernos anteriores hicieron lo mismo y acusa a su vicepresidente, Michel Temer, y a Cunha, el líder de Diputados, de conspirar para dar un golpe de Estado.

Si el Senado, por mayoría simple, apoya el proceso de destitución, la presidenta sería suspendida por hasta 180 días mientras la juzgan los senadores.

Y en caso de que dos tercios de la Cámara Alta la condenen, Rousseff sería destituida definitivamente y Temer asumiría la presidencia.

De los 513 diputados que votaron el domingo hay 303 con procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos, de acuerdo a los datos suministrados.

El propio impeachment, acusado de recibir hasta US$40 millones de sobornos para él y otros políticos.

Miembro del centrista PMDB, un partido plagado de escándalos al que también pertenece Temer y que días atrás rompió su alianza con el gobierno, Cunha rechaza las acusaciones aunque la justicia halló cuentas en Suiza donde aparecía como beneficiario.

Más casos

En el mismo partido de Cunha y Temer está el diputado João Arruda, que de acuerdo a los registros fue condenado por homicidio culposo en un accidente de tránsito que mató a dos personas.

Su pena de detención la cambió por el pago de una indemnización y trabajo comunitario.

Eder Mauro, el diputado más votado en el estado norteño de Pará en 2014, es un policía investigado por el Supremo Tribunal Federal por tortura, en un caso que tiene a un niño y su padre como presuntas víctimas.

El diputado ha atribuido las acusaciones a "persecuciones políticas" de sus adversarios.

En la comisión especial impeachment, desde desvío de dinero público hasta crímenes de responsabilidad (lo mismo por lo que es acusada Rousseff).

Entre ellos estaba el diputado Paulo Maluf, que tiene varias condenas y casos en la justicia brasileña, fue acusado por presunta participación en el desvío de más de US$11 millones de fondos públicos a Nueva York (algo que él niega) y hasta hace poco estaba en una lista de buscados por Interpol.

"La crisis política se instauró debido (a que) nunca existió en el país un grado de corrupción como en este gobierno", afirma el diputado opositor Francisco Floriano a BBC Mundo.

Pero Floriano aparece investigado en la justicia electoral por presunto abuso de poder económico y uso de una iglesia en Río de Janeiro para promover su candidatura.

Hace algunos años, su esposa lo denunció por violencia doméstica, pero finalmente desistió de continuar con la acción y el proceso se archivó.

A su vez, en el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, tres de cada cinco parlamentarios han tenido o tienen algún tipo de procesos por cargos judiciales o administrativos.

También en el Senado

El Senado brasileño tampoco escapa al fenómeno: de los 81 senadores que podrían llegar a juzgar a Rousseff, 49 figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, está siendo investigado por denuncias de que recibió sobornos provenientes de la red de corrupción en Petrobras.

Otro senador, Fernando Collor, es un expresidente brasileño que renunció en 1992 durante un escándalo de corrupción que motivó un proceso de impeachment contra él mismo.

Actualmente Collor es investigado por indicios de que cobró millones de dólares en sobornos, también provenientes de desvíos de la petrolera estatal.

Los problemas de congresistas brasileños con la ley están lejos de ser un fenómeno nuevo.

El propio padre de Collor, Arnon de Mello, mató de un tiro a un miembro del Senado que él mismo integraba en 1963, en plena cámara, y pudo evitar la cárcel con el argumento de que fue un accidente.

"Quien tiene recursos para pagar abogados caros consigue prorrogar los procesos judiciales en que son blanco durante mucho tiempo", dice el vicepresidente de Transparencia Brasil, Cláudio Abramo.

Además de percibir salarios bastante por encima del promedio de Brasil, los congresistas gozan de fueros privilegiados para ser juzgados solo por el Supremo, como ocurre también con ministros de gobierno.

En la legislatura anterior llegó a haber un diputado investigado por asociación al narcotráfico y otro por doble homicidio.

Y antes hubo uno acusado de liderar un grupo de exterminio en la región amazónica: Hildebrando Pascoal, mejor conocido como el "Diputado de la Motosierra", perdió finalmente su banca en 1999 y sigue preso.

En Brasil parece reinar ahora el escepticismo sobre la posibilidad de que disminuyan la corrupción y el descaro en la élite política, sea cual sea el desenlace del proceso de impeachment.

"Con este Congreso y estos actores, el panorama es muy desalentador", señala Abramo.

Carlos Lucio, un taxista que nació en Brasilia hace 56 años cuando la ciudad era fundada, dice la corrupción en el poder ha llegado a niveles insólitos y "nada va a cambiar" si sacan al PT del poder.

"Tendrían que sacar a todos, cambiar el Parlamento entero", sostiene al pasar a metros del Congreso, "porque ya viene podrido desde hace muchos años".