Desaparecidos en Perú: "Encontraré a mi hermano aunque me tome toda la vida"

El último día que Kenneth Anzualdo fue visto, tomó un ómnibus para ir de su universidad en el Callao, el barrio portuario de Lima, a su casa. Según testigos, dos hombres armados subieron al vehículo, tomaron a Kenneth y a una pareja de enamorados, los bajaron del bus, los metieron en un automóvil y se los llevaron.

Kenneth tenía 25 años y era 16 de diciembre de 1993. Dos días después iba a testificar en la investigación por la desaparición de otro compañero universitario.

Marly Anzualdo, su hermana, cree que esta fue la razón por la que alguien decidió desaparecerlo.

La desaparición de este estudiante de economía es una de las miles que ocurrieron entre 1980 y el 2000, durante el conflicto armado entre el Estado peruano y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sostiene que cuando las desapariciones eran ejecutadas por las Fuerzas Armadas, respondían a medidas antisubversión.

Esta comisión calculó que los desaparecidos llegan a 8.558. Aunque otros organismos aseguran que fueron entre 12.000 y 15.000.

Esta semana se cumplen 12 años desde que la CVR presentó un informe en el que recomienda implementar una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Pero hasta ahora esta política no existe.

Búsqueda

Las familias aún deben buscar a los desaparecidos con sus propios medios. Los Anzualdo buscaron a Kenneth entre sus parientes, en las comisarías, en la universidad, en la morgue y en todos los hospitales de Lima.

"Denunciamos su desaparición en los medios, en la Iglesia, mi papá lo buscó en todos los penales del país. Durante años, buscamos como una aguja en un pajar. No ha habido institución del Estado a la que no haya llegado. Pero parecía que la tierra se lo había tragado", dice Marly, hermana de Kenneth.

Por una investigación periodística, Marly supo que los hombres armados llevaron a Kenneth a los sótanos del Cuartel General del Ejército Peruano, conocido como Pentagonito.

El 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano encontrar el cuerpo de Kenneth. Pero 22 años después, la familia Anzualdo lo sigue buscando.

Otras familias, como la de Cromwell Castillo, también siguen buscando a sus desaparecidos.

El 21 de octubre de 1990, Ernesto Castillo Páez, hijo de Cromwell, fue a Villa El Salvador, un distrito al sur de Lima, a investigar los efectos del último ajuste de precios del nuevo presidente Alberto Fujimori.

Precisamente ese día, el grupo subversivo Sendero Luminoso había organizado una marcha en ese distrito. Las investigaciones del caso confirman que Ernesto no tenía nada que ver con los senderistas.

Sin embargo, la policía detuvo a este estudiante de sociología delante de los vecinos de la zona y se lo llevaron en la maletera de un automóvil.

Sanciones

En 1997, la Corte IDH ordenó al Estado peruano que sancione a los responsables de esta desaparición y que busque el cuerpo de Ernesto Castillo.

En 2012, los responsables fueron condenados a 15 y 16 años de prisión. Pero nunca dijeron dónde dejaron el cuerpo.

Estas historias de búsqueda interminable se repiten en por lo menos 10 de las 24 regiones del país, en las que la CVR asegura que hay por lo menos 6.400 fosas con cuerpos no identificados.

Esta semana, el Ministerio Público exhumó más de 50 cadáveres en cinco de estas fosas ubicadas en Oronccoy, en la sierra sur del Perú.

Desde el 2003, el Ministerio Público ha recuperado 3.100 cuerpos, ha identificado 1.715 y ha devuelto solo 1.599 a sus familiares. A este ritmo, necesitaría por lo menos 50 años más para encontrar y entregar los cuerpos que faltan.

Gisella Vignolo, adjunta de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explica que la ausencia de una política de búsqueda de desaparecidos con carácter humanitario causa este retraso.

Por ahora, la búsqueda de los cuerpos depende de un proceso penal, que puede quedar estancado por falta de pruebas contra los culpables, por falta de recursos económicos o incluso, por falta de fiscales y jueces.

Rafael Barrantes, responsable del Programa de Personas Desaparecidas de la Cruz Roja, cree que la búsqueda de cuerpos debe ser independiente de los procesos penales y estar a cargo de organismos autónomos. "Como sucede en Colombia, Argentina, Chile o Guatemala", dice.

Desde marzo del 2014 existe una propuesta de Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Ministerio de Justicia, según la Defensoría del Pueblo, que debe llegar al congreso para aprobarse.

El Ministerio de Justicia aseguró que el proyecto ya llegó al Consejo de Ministros hace cuatro o cinco meses, pero no explicó por qué el proceso para su aprobación es tan lento.

Gisella Vignolo, de la Defensoría, cree que la aprobación de la norma se posterga por falta de presupuesto.

Lamenta que muchos peruanos ignoren este tema a causa de prejuicios que los hacen pensar que los desaparecidos estaban vinculados con los grupos subversivos.

"Por ley, las listas de desaparecidos excluyen a las personas subversivas", aclara.

Ante la falta de una política pública, hace unas semanas las asociaciones de familiares de desaparecidos crearon la Campaña Reúne, que busca promover sus objetivos.

"Encontraré a mi hermano aunque me tome toda la vida. La gente piensa que quiero plata. Pero no, quiero encontrarlo para sentir paz. No tener sus restos es como si Kenneth estuviera ahí y no pudiera pasarle la voz o darle un abrazo. Quiero encontrar su cuerpo o encontrar algo de él y enterrarlo", dice Marly de su hermano.