Los pañales de la disputa entre Argentina y Procter & Gamble

Productos tan cotidianos como navajas y maquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales están en el centro de un enfrentamiento entre el gobierno de Argentina y una de las mayores fabricantes mundiales de productos de higiene, consumo y bienes del hogar, Procter & Gamble.

La multinacional, que opera en unos 180 países y distribuye cerca de 300 marcas, como Gillette, Duracell, Pantene, Ariel y Pampers, tiene prohibido hacer negocios en el país después de que Argentina suspendiera este domingo sus actividades.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acusa a la compañía de fraude fiscal y fuga de divisas, algo negado por la empresa, con sede en Ohio, Estados Unidos.

Según un comunicado del gobierno, P&G llevó a cabo una "millonaria sobrefacturación de importaciones" en un intento de sacar dinero del país mediante operaciones por valor de US$138 millones.

El gobierno también acusa a la compañía de evasión fiscal.

Atrás quedaron los tiempos, hace apenas unos meses, cuando se podía ver a los directivos de la compañía presentar a la ministra de Industria, Débora Giorgi, sus optimistas planes de inversión en Argentina.

Acuerdos con el gobierno

Ahora, para efectos prácticos, Procter & Gamble quedó suspendida en el registro de importadores y exportadores de Argentina, y se le cerró la posibilidad de que la empresa opere en el mercado de cambio de divisas.

Concretamente, el comunicado señala que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la multinacional "por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza", algo que, indica, "podría constituir contrabando agravado".

La compañía aseguró que paga sus impuestos "en Argentina y en todo el mundo" y que no persigue prácticas fiscales e impositivas agresivas ni cuestionables.

"Valoramos nuestra relación con Argentina y con los consumidores argentinos. Estamos trabajando con las autoridades para buscar soluciones inmediatas, de modo de poder seguir abasteciendo el mercado", sostuvo la empresa en un comunicado.

En el pasado, la empresa, que tiene tres plantas en el país, había mantenido buenas relaciones con las autoridades argentinas.

Como recuerda el corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, P&G es una de las compañías que participó en el programa gubernamental de Precios Cuidados, un plan de control de precios destinado a combatir la inflación.

Y se sumó al programa nacional de sustitución de importaciones, volviendo a fabricar en el país afeitadoras manuales de Gillette, que antes se hacían en el exterior, y envasando productos de cosmética en el país.

Este acuerdo obliga a quienes quieren importar productos a exportar otros bienes nacionales por igual valor, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial.

Otras empresas en la mira

Las cosas parecen haber cambiado.

"Hay que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior", aseguró declaró Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, al anunciar la suspensión de P&G.

"Las compañías globales no pueden gestionar sus ganancias engañando al Estado, evadiendo impuestos y fugando divisas", añadió.

P&G no es la única empresa internacional que en los últimos meses ha sido acusada de evasión fiscal.

A comienzos de este año, la agencia de viajes online Despegar.com fue clausurada después de que las autoridades fiscales denunciaran irregularidades en sus operaciones en Argentina.

Finalmente y después de que dos jueces aceptaran un recurso de amparo de la agencia, Despegar.com volvió a operar con normalidad en Argentina, desistió de interponer acciones legales contra la AFIP y se puso a disposición de las autoridades para aclarar posibles infracciones.

En los últimos años, la AFIP ha intensificado la fiscalización de grandes empresas y también personas físicas con el objetivo de reducir la evasión fiscal, explicó el corresponsal de BBC Mundo.

Según estimaciones privadas, la recaudación aumentó un 35% en el último año, empujada por el aumento de controles y por la subida de la inflación, que se calcula entre el 18% (según estadísticas oficiales) y el 40% (de acuerdo a consultoras que cuestionan los datos del gobierno).