Juez declara inconstitucional la pena de muerte en California

Un juez federal del Condado de Orange decretó que la pena de muerte en California, Estados Unidos, viola la prohibición constitucional sobre castigos crueles o inusuales.

El magistrado Cormac J. Carney consideró que la manera en la que el estado aplica la pena de muerte conlleva excesivos retrasos y deja a los condenados en un estado de incertidumbre.

Carney destacó en la resolución que emitió en el caso de Dewayne Jones, quien fue condenado a morir hace más de dos décadas por violar y matar a la madre de su novia, que desde 1978 más de 900 personas han sido condenadas a la pena capital en California y sólo 13 han sido ejecutadas.

"Para el resto, la administración disfuncional del sistema de la pena de muerte en California ha resultado y continuará resultando en un periodo de retraso desordenado e impredecible previo a su ejecución", dijo el magistrado.

El juez -quien fue nombrado en su cargo en 2003 por el entonces presidente George W. Bush- aseguró que los retrasos han creado un sistema en el que "factores arbitrarios, más que factores legítimos, como la naturaleza del crimen o la fecha de la sentencia, determinan si un individuo será ejecutado".

"Incertidumbre total"

Al revocar la condena de muerte de Dewayne Jones -en una decisión que puede ser recurrida frente a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito- Carney señaló que el preso enfrentaba "una incertidumbre total" sobre si iba a ser ejecutado.

Según destaca desde Los Ángeles el periodista de BBC Mundo Jaime González, activistas han señalado que esta es la primera vez que un juez declara inconstitucional el actual sistema de pena de muerte de California, un estado en el que más de 700 personas están esperando en e corredor de la muerte.

Desde 2006 ningún preso ha sido sometido a la pena capital en California, después de que un magistrado de San José paralizara la ejecución de un condenado por asesinato, debido a su precoupación por las condiciones en la administración de la inyección letal.

Tras la resolución de ese juez, quien consideró que los procedimientos aplicados por los funcionarios de prisiones para suministrar la inyección presentaban un riesgo excesivo de que el condenado sufriera dolor extremo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California construyó una nueva sala de ejecuciones en la prisión de San Quintín.

Al mismo tiempo, están redactando una nueva serie de regulaciones para la administración de la inyección.

Un nuevo juez federal se hizo cargo de ese caso y todavía no ha dictaminado si los cambios introducidos son suficientes como para reanudar las ejecuciones.