Brasil: una histórica condena contra policías
- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC Mundo
Un tribunal en Brasil condenó a 25 policías a 624 años de cárcel cada uno por el asesinato de 52 presos durante la matanza en la cárcel de Carandirú de Sao Paulo, ocurrida el 2 de octubre de 1992, en la que murieron 111 presos.
La sentencia se refiere a la segunda parte del proceso, que fue dividido en cuatro etapas. El dictamen fue anunciado a las 04:30 de este sábado por el juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo.
La decisión judicial anunciada a 21 años de la matanza permite a los condenados apelar la sentencia en libertad, según detalla en su sitio el Tribunal de Justicia de Sao Paulo.
Los policías, que fueron hallados culpables de disparar a los internos en sus celdas y en los pasillos del presidio, fueron condenados a la pena mínima de doce años de prisión por cada asesinato.
Cerca de 80 agentes de policía enfrentan cargos. En la primera etapa del proceso, otros 23 policías fueron condenados en abril a la pena mínima por 13 asesinatos, sumando un total de 156 años de pena para cada uno.
La masacre fue el episodio más sangriento ocurrido en una cárcel brasileña. La policía reprimió violentamente un motín en un pabellón de Carandirú, entonces la mayor cárcel del país, que fue clausurada diez años después.
Otros dos grupos de acusados aún deben ser juzgados este año.
"Cultura de impunidad"
La operación policial de Carandirú fue comandada por el fallecido coronel Ubiratán Guimarães, que fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel por esta operación, pero cinco años después fue absuelto en una apelación sin que llegase a cumplir condena.
La matanza fue tema central de la película "Carandirú", del director argentino Héctor Babenco, que fue proyectada por la acusación durante el juicio.
Los últimos cinco días del proceso fueron marcados por jornadas de 12 horas de argumentaciones por parte de la defensa y la acusación, así como la presentación de videos y declaraciones de testigos, entre ellos dos presos sobrevivientes.
Sólo cinco de los 23 acusados presentes en el juicio optaron por declarar, los otros permanecieron en silencio.
La demora en el proceso fue atribuida por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo a conflictos de competencia entre instituciones judiciales militares y comunes, así como a los numerosos recursos presentados por la defensa.
Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que los largos años de espera por una condena favorecen una cultura de impunidad en el país.
El retraso "por sí solo representa la violación de un derecho fundamental constitucional garantizado en Brasil, la 'duración razonable del proceso y medios que aseguren la celeridad de su tramitación'", señaló María Laura Carineu, representante de Human Rights Watch en Brasil.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Brasil, Atila Roque, apuntó como una consecuencia "peligrosa y directa" de la lentitud del proceso el hecho de que gran parte de los acusados hayan permanecido activos en la policía durante tanto tiempo tras la matanza.
Cerca de un tercio de los agentes acusados continúa sirviendo en la policía, según datos presentados por la defensa.
Comando criminal
La masacre tiene consecuencias hasta el presente, según analistas.
En declaraciones a BBC Brasil, varios especialistas coincidieron en que la matanza fue un episodio decisivo para la fundación de una facción criminal que actúa dentro y fuera del sistema carcelario de Sao Paulo, el llamado Primer Comando de la Capital o PCC.
"Antes de la masacre, el Estado ya extorsionaba, torturaba y mataba a los presos. Carandirú no fue la única causa de la fundación del PCC, pero colaboró mucho para que eso ocurriera", dijo a BBC Brasil el padre Valdir João Silveira, coordinador nacional de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica en Brasil.
El PCC fue creado por un grupo de presos el 31 de agosto de 1993 en la Casa de Custódia de Taubaté poco menos de un año después de la masacre en Carandirú.
Los principales objetivos de la facción eran combatir los malos tratos en el sistema penitenciario y evitar nuevas masacres como la de 1992, según el periodista Josmar Jozino, autor de tres libros sobre el PCC, entre ellos, "Xeque mete, o Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas" (Jaque mate, el Tribunal del Crimen y los letales Boinas Negras).
De acuerdo a Jozino y Silveira el grupo criminal se extendió por todo el sistema carcelario e impuso reglas de conducta a los presos, como la prohibición del uso de crack y de asesinatos motivados por deudas de drogas. Estas acciones habrían disminuido los índices de mortalidad en las prisiones.
