La batalla de España para tratar de frenar el referéndum por la independencia de Cataluña

"La consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso".

Eso dice el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del referéndum por la independencia de Cataluña que las autoridades regionales convocaron para el 1 de octubre.

Y ante la desobediencia de la Generalitat (gobierno regional) y su intención de seguir adelante con el plan, el Ejecutivo central está librando una batalla para poder frenar la consulta, mientras la tensión escala a unos niveles inéditos desde que España estrenó su democracia hace cuatro décadas.

Pero ¿qué medidas está tomando ya el gobierno de España y qué otras herramientas le quedan?

"Vulnera la Constitución"

Desde el primer momento en el que se conoció la idea del ejecutivo catalán, desde Madrid el gobierno se opuso, por considerar que vulnera la Constitución, y advirtió a la región que tomaría medidas legales si continuaba con su propósito.

Las autoridades de Cataluña lo desoyeron y este mes el Parlamento regional, en el que la mayoría de los partidos representados apoya la independencia, aprobó dos leyes para amparar la consulta y establecer una especie de hoja de ruta para una Cataluña independiente.

El 6 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó oficialmente la votación popular en la que pretende preguntar a sus ciudadanos: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".

Y el gobierno de Rajoy denunció la acción ante los tribunales, que le dieron la razón.

Prohibición, arrestos y más policía

El 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional, por unanimidad y con carácter de urgencia, prohibió la consulta al considerar que viola la Carta Magna.

El artículo 1 de la propia Constitución (aprobada en 1978) establece que la "soberanía nacional reside en el pueblo español", por lo que una parte de él no puede decidir por todos.

Además, en el segundo artículo señala que la propia Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

El texto regula además que los referéndums solo los puede convocar el Rey a propuesta del gobierno y con autorización del legislativo, y no recoge el derecho de secesión.

Sin embargo, el gobierno catalán no reconoció la decisión del Tribunal Constitucional y continuó con los preparativos para la consulta.

Ante esto, Madrid amenazó con recurrir a "todas las herramientas" que le permite la Justicia para frenarla.

Primero, el 15 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó medidas adicionales de control de las cuentas de la Generalitat para impedir que se desvíen fondos a la votación popular, en respuesta a la negativa de Puigdemont a remitir los certificados semanales que le requiere el Ministerio de Hacienda.

"Esta medida se ha tomado para que ningún euro vaya a financiar ninguna actividad ilegal", zanjó el titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Y esta semana, por orden judicial, la Guardia Civil -policía militarizada dependiente del gobierno central- llevó a cabo en Cataluña incautaciones de urnas de y papeletas para desmontar el referéndum.

El Ministerio del Interior reforzó asimismo la presencia policial. Tres grandes cruceros atracados en puertos catalanes albergan a unos 6.000 agentes a falta de otro alojamiento en Barcelona para todos ellos y por las tensiones que se dieron entre algunos de los hospedados en los pueblos aledaños.

También se llevaron a cabo más de 400 registros y el 20 de septiembre se detuvo a empresarios y a 14 funcionarios relacionados con la organización de la consulta, entre ellos varios altos cargos del gobierno regional.

"Opción abierta"

Todo ello provocó movilizaciones multitudinarias en rechazo a la operación policial y para reivindicar el derecho a "votar" en un referéndum que la justicia española considera ilegal.

"Nuestra posición, aunque no se comparta, la hemos intentado defender apelando al diálogo. Rajoy me ha dicho que no quiere ni hablar. Esto no es aceptable en democracia", dijo el 24 de septiembre Puigdemont en una entrevista dada al programa Salvados de la cadena española La Sexta.

Ya en un discurso anterior había asegurado que la consulta se celebrará "con todas las garantías" y agregó: "Las urnas son para todos, para los que quieren una Cataluña independiente y para los que legítimamente quieren seguir formando parte de España".

Arrestar al líder catalán podría ser otra de las medidas a tomar para tratar de frenar el referéndum.

Ya José Manuel Maza, el fiscal general del Estado -nombrado por el gobierno español en 2016-, advirtió en unas declaraciones a la radio Onda Cero el 25 de septiembre que, aunque de momento no haya considerado "oportuno" solicitar su detención, la opción sigue "abierta".

El fiscal general recalcó que la Fiscalía está "convencida" de que Puigdemont está incurriendo en los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional.

Y explicó que, al estar tipificado el delito de malversación con penas de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención. "Aunque eso no quiera decir que se pida o no".

Artículo 155

Rajoy ya dijo que no piensa "renunciar a nada" para impedir que se coloquen las urnas el 1 de octubre.

Y aunque su gobierno no lo haya mencionado de forma explícita, no son pocos los que señalan que eso incluye la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Esta da luz verde al Ejecutivo, previa autorización del Senado, para "adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley", si esta "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".

Por el momento, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), Pablo Casado, aseguró que a Rajoy "no le gustaría" aplicar mecanismos legales como el artículo 155, porque supondría que la Generalitat "ha llegado demasiado lejos".

Aunque subrayó que si las autoridades catalanas siguen "en la deriva suicida, tendrán la respuesta correspondiente que está en la ley".

Hasta el momento ningún gobierno ha invocado dicho artículo, por lo que, como dijo Rafael Calduch, el diputado el Congreso español por el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), sus consecuencias son "desconocidas" y "se pueden prever hasta cierto límite".

Varios expertos consideran que su invocación podría suponer la asunción temporalmente de algunas o todas las competencias de una comunidad autónoma por parte del gobierno central.

Aunque otros rechazan que el Ejecutivo pueda valerse de esta herramienta, ya que por el proceso que implica, su aplicación requeriría de varios días.

Esto deja muchas preguntas sobre cómo logrará el gobierno español aplicar las resoluciones judiciales en una comunidad autónoma cuyas autoridades se han declarado en desobediencia abierta.

Interrogantes que se suman a otras que envuelven desde el principio el plan del referéndum, como por ejemplo: ¿Podrá llevarse a cabo finalmente? ¿Si se hace, con qué porcentaje de participación se dará por válido? ¿Si la mayoría vota a favor de la independencia, habrá una proclamación unilateral? ¿Entonces, lo reconocerá algún país?

Mientras todo eso se aclara, en Cataluña coexisten hoy dos realidades legales diferentes.