Registros y detenciones de cargos públicos en Cataluña por el referendo de independencia del 1º de octubre que la justicia española considera ilegal desata oleada de protestas

La tensión de cara al referendo por la independencia de Cataluña previsto para el 1° de octubre crece con las horas.

Este miércoles la Guardia Civil realizó al menos 22 allanamientos y detuvo a 14 personas para impedir el llamado referendo del "1-O" que fue aprobado por el Parlamento catalán, pero suspendido por el Tribunal Constitucional de España al considerarlo ilegal.

Entre los detenidos se encuentran miembros del gobierno catalán, como el número dos de la consejería de Hacienda, Josep Maria Jové, el director del departamento de Atención Ciudadana, Jordi Graells, y al responsable de Informaciones y Comunicación, Xavi Puig.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo este miércoles en el Congreso que los registros en sedes del gobierno catalán fueron realizadas "por decisión del juez" para que se "cumpla la ley".

"En unas horas pretendieron liquidar la Constitución española, el Estatuto de Cataluña, el ordenamiento jurídico e inventaron una nueva legalidad. Por suerte el Estado de derecho ha funcionado", agregó.

Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, cuyo Ejecutivo ha impulsado la celebración del referendo, anunció: "Defenderemos el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro".

"El 1° de octubre saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos", agregó Puigdemont, quien ha dicho que hará cumplir los resultados.

Tras conocerse las detenciones de este martes, decenas de miles de personas salieron a las calles de Barcelona y otras ciudades de Cataluña a protestar y a reivindicar la celebración del referendo.

El mayor número de personas, unas 40.000 según datos policiales, se concentró en los alrededores de la Consejería de Economía y hacienda del gobierno regional en Barcelona, donde se llevó a cabo uno de los registros.

Las protestas por las detenciones se replicaron en otras ciudades españolas como Madrid, donde centenares de personas se concentraron en la Puerta del Sol.

Tras el aumento de la tensión, Mariano Rajoy realñizó una declaración institucional en la que dijo a los independentistas de que están "a tiempo de evitar males mayores", e insistió en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".

"Lo que está en juego no es una demanda política, está en cuestión el propio fundamento de la democracia, el Estado de derecho ha actuado y seguirá actuando", aseguró el mandatario.

Hace 3 años se celebró una consulta en Cataluña en la que 80% de los votantes se pronunció a favor de la independencia. No obstante, sólo 2,3 millones de los 5,4 millones de posibles electores participaron.

Según una encuesta realizada a finales de marzo, el 48,5% de esta región rica del noreste de España se oponen a la independencia frente a un 44,3% que la apoya.