Brexit: la primera ministra Theresa May ofrece una solución migratoria a los europeos asentados en Reino Unido

Después del Brexit, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que residen legalmente en Reino Unido deberían tener los mismos derechos que los ciudadanos británicos, dijo la primera ministra británica, Theresa May, a los líderes de la UE.

"Nadie se enfrentará a un abismo", señaló May durante una cumbre de líderes de la UE en Bruselas, Bélgica.

Un nuevo estatus de "establecido en Reino Unido" otorgará a aquellos que han pasado cinco años en ese país los mismos derechos de salud, educación, beneficios y pensiones que a los británicos.

Garantizar los derechos de los ciudadanos de la UE es la máxima prioridad para la delegación del bloque que negocia el Brexit.

Antes de la oferta de May, la UE había propuesto que los europeos en Reino Unido y los 1,2 millones de británicos que viven en los países de la UE siguieran gozando de los mismos derechos, que puede ser reclamados ante la Corte de Justicia Europea.

Un estimado de 3,2 millones de ciudadanos de la UE viven en Reino Unido y hay mucho nerviosismo. Algunos incluso temen ser deportados.

May buscó tranquilizar a los 27 socios de la UE diciendo que su país "no quiere que nadie tenga que irse, ni quiere que las familias se dividan".

Su oferta recibió una respuesta cautelosa.

La canciller alemana, Angela Merkel, la describió como "un buen comienzo" pero dijo que quedan por resolverse muchos otros asuntos relacionados con el Brexit.

Un alto funcionario de la UE dijo a la BBC que cuando los detalles completos de la propuesta de Reino Unido fueran publicados el lunes, los revisarían "línea por línea".

Preguntas pendientes

Ambas partes desean que el tema de los derechos de los ciudadanos se aclare lo antes posible, ya que Reino Unido y la UE tienen problemas más difíciles de abordar, dice Chris Morris, corresponsal de la BBC en Bruselas.

"Pero aunque hay una sensación de que se puede avanzar, todavía hay algunas cuestiones técnicas difíciles de tratar", advierte.

Morris indica que queda pendiente explicar "qué derechos se extenderán a los miembros de las familias inmediatas que viven en otro lugar, especialmente a los niños" y "quién garantizará los derechos de los ciudadanos en caso de cualquier conflicto legal".

Para Morris tampoco está claro cuál debería ser la fecha límite para que los ciudadanos califiquen para cualquier oferta que se acuerde.

"La propuesta de Reino Unido sugiere una fecha entre marzo de 2017 y marzo de 2019, aunque es muy improbable que la UE esté dispuesta a aceptar una fecha que ya haya pasado", detalla.

"Desde la perspectiva de la UE, lo que ha oído hasta ahora de Reino Unido sigue siendo bastante vago", añade.