Asamblea Nacional de Venezuela designa nuevos magistrados pese a advertencia del Tribunal Supremo

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) nombró este viernes a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una polémica decisión cuestionada por los actuales miembros de ese alto tribunal.

Los diputados de la oposición, mayoría en la AN desde enero de 2016, designaron a 13 nuevos magistrados titulares y 20 suplentes, al considerar que los actuales fueron nombrados de manera ilegítima.

Esos magistrados que la oposición considera que actúan al dictado del gobierno, fueron nombrados en diciembre de 2015 por la que entonces era mayoría oficialista saliente de la AN tras las elecciones de ese mismo mes.

Aquel nombramiento en sesiones extraordinarias convocadas en el asueto navideño no sólo ha sido cuestionado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sino también, más recientemente, por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Supremo pide "acciones de coerción"

Tras el nombramiento, la Sala Constitucional del TSJ solicitó a las autoridades que apliquen "acciones de coerción" contra el Parlamento y los nuevos jueces, por cometer el delito de "usurpación de funciones".

"Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", declaró el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.

La juramentación de los nuevos magistrados tuvo lugar un día después de que el Tribunal declararara nulo "a priori" el proceso, bajo el argumento de que era extemporáneo e ilegal.

En esa misma resolución, la Sala Constitucional adelantó que quienes fueran nombrados por la AN podrían enfrentarse a "consecuencias jurídicas".

Marcha hacia el Supremo

Por su parte, la MUD convocó a marchar este sábado hacia la sede del Supremo en Caracas, como medida de apoyo a los nuevos magistrados.

"La calle no se calla, la calle va a continuar", aseguró el líder opositor Andrés Velázquez, quien pidió a los venezolanos unirse a la nueva convocatoria de protestas para apoyar así también la consulta que se realizó el pasado domingo contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Según la oposición, más de 7,5 millones de personas participaron en dicha consulta.

El nombramiento de los nuevos magistrados, que busca crear un Tribunal Supremo Paralelo, tuvo lugar un día después de una huelga general que paralizó algunas regiones de la capital y de otros estados y que dejó al menos dos muertos y decenas de detenidos.

Poderes cuestionados

Desde que en enero de 2016 la oposición tomó el control de la AN, se han repetido los choques de esa institución con el TSJ, que a través de numerosas sentencias ha anulado las actuaciones del Parlamento.

Poco después de iniciarse la legislatura, cuando la AN anunció que revisaría la designación de los magistrados nombrados por el oficialismo en diciembre de 2015, el TSJ emitió una sentencia en la que declaraba la "de nulidad absoluta e irrevocable" de todos los actos del Legislativo relacionados con ese proceso.

Más tarde, el TSJ declaró a la AN en "desacato" y ha venido anulando sus decisiones.

Por su parte, la AN creó una comisión que presentó un informe en el que detallaba 17 irregularidades que, según los diputados, se habían producido en los nombramientos de miembros del alto tribunal.

En julio del año pasado, el Parlamento procedió a anular esos nombramientos y acordó repetir el proceso de selección y hacer nuevas designaciones, lo que ha ocurrido este viernes.

Este choque de poderes está también en el origen de la actual ola de protestas que sacude Venezuela desde comienzos de abril, en la que han perdido la vida un centenar de personas.

A finales de marzo, el TSJ emitió dos polémicas sentencias en las que se atribuía el ejercicio de todas las funciones de la Asamblea Nacional y anulaba la inmunidad parlamentaria.

Estas decisiones, que posteriormente fueron rectificadas parcialmente por el alto tribunal, llevaron a la oposición a acusar a Maduro de haber instaurado una dictadura y de haber acabado con la separación de poderes y a iniciar las protestas.

El presidente Maduro, por su parte, afirma que la oposición alienta una intervención extranjera en el país con el fin de derrocarle.